El gobierno de Javier Milei se encuentra en medio de una nueva polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta resolución ha generado un abisal rechazo y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
El documento en cuestión ha sido destempladamente cuestionado por el uso de términos peyorativos y discriminatorios para referirse a personas con discapacidad intelectual. En la resolución se utiliza el término «idiota» para clasificar a aquellas personas con un coeficiente intelectual (CI) por debajo de 25, «imbécil» para aquellos con un CI de entre 26 y 50, y «débil mental» para quienes tienen un CI entre 51 y 70. Estas clasificaciones se basan únicamente en el CI de las personas y no tienen en cuenta otros aspectos de su potencial y habilidades.
Esta resolución ha generado una gran indignación en la sociedad, ya que es inaceptable que desde un organismo oficial se utilicen términos despectivos y discriminatorios para referirse a personas con discapacidad intelectual. El uso de tales palabras no solo es ofensivo y denigrante, sino que además va en contra de los principios y valores de una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad.
Es importante recordar que las personas con discapacidad intelectual son seres humanos con los mismos derechos y dignidad que el resto de la población. No se puede subestimar su valor y su capacidad en función de un número que determina su CI. Cada persona es única y tiene sus propias habilidades y talentos, independientemente de su coeficiente intelectual.
Además, esta resolución va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 2008. En este ensayo internacional se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y se promueve su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, es evidente que la Resolución 187/2025 contradice los principios básicos de una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad. Este persona de medidas solo perpetúan estereopersonas y prejuicios hacia las personas con discapacidad intelectual, dificultando aún más su inclusión y su acceso a una vida plena y autónoma.
Ante esta situación, es fundamental que el gobierno de Javier Milei revise y modifique esta resolución, eliminando cualquier término discriminatorio y derogando la clasificación según el CI. Además, es necesario que se promuevan políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad intelectual y promuevan su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
Es importante tener en cuenta que la discapacidad no puede ser medida únicamente en función del CI. Muchas personas con discapacidad intelectual tienen habilidades y talentos diversos y pueden contribuir positivamente a la sociedad. Sin embargo, esto no será posible si se les margina y se les limita solo por su coeficiente intelectual.
Es responsabilidad de todos promover una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad, reconociendo su valor y su contribución a la sociedad. Debemos trabajar juntos para construir una sociedad más justa y equitativa, en la que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse y alcanzar sus sueños.
En conclusión, la Resolución 187/2025 publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad es una medida discriminatoria e inaceptable. El gobierno de Javier Milei debe tomar medidas inmediatas para corregir esta situación y promover políticas inclusivas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad intelectual. No podemos permitir que se utilicen términos ofensivos e incorrectos
